Familias de escasos recursos exigen al estado desembolso para solucionar sus problemas de vivienda
Lima.- Familias de escasos recursos a nivel nacional exigen que el Estado destine el
presupuesto para bonos de construcción en sitio propio, a fin de atender sus
necesidades de vivienda.
Por ello, realizaron un plantón en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para exigirle el presupuesto para la construcción de viviendas dignas de
35 metros cuadrados, ya que actualmente ocupan viviendas precarias construidas con
maderas o esteras y duermen a la intemperie causándoles enfermedades
respiratorias severas.
Un grupo de ellos acordaron con la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Carmen
Lecaros Vértiz asignar un presupuesto adicional para el 2022 por 25 mil bonos
familiares, abrir los centros autorizados y las Actas Finales de Obra para inscribir a las
familias elegibles, tener para el 2023 un mínimo de 60 mil viviendas y sincerar el bono
igualarlo al de reconstrucción de 6.8 UIT y que el ahorro 0.43 como era antes de la
pandemia.
“No estamos satisfechos con estos acuerdos porque la viceministra solo ha repetido
un ofrecimiento manifestado en medios de comunicación. Indica que disponen de un
presupuesto de 200 millones que equivalen a 7800 bonos, pero es un sobrante del
sector, y ahora señalan que van a gestionar un adicional con el Ministerio de
Economía y Finanzas”, señaló un representante de las familias afectadas.
Asimismo, el dirigente detalló que la funcionaria del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento indicó que el presupuesto del próximo año será de un 60
por ciento para construcción en sitio propio y el 40 por ciento para adquisición de
vivienda nueva. Detalló también, que los convocarán en diez días para participar en
una mesa de trabajo para asignar los bonos a las familias más necesitadas.
Pobladores que asistieron a la marcha indicaron que esta problemática perjudica a
sus familias que no tienen un techo donde habitar y a las pequeñas empresas que
invirtieron en estos proyectos. Además, señalan que al paralizar esta modalidad
afectan también a las familias de los trabajadores de otras ramas del sector
construcción.
