Comité de fact checking del JNE es necesario para defender la legitimidad de la democracia

Lima.- El Comité Técnico de Fact Checking (CTFC), iniciativa de verificación de
informaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es totalmente necesario
para defender la legitimidad institucional y el sistema democrático peruano,
sostuvo Mario Riorda, especialista en comunicación política.

En entrevista con JNE TV, el experto indicó que el CTFC, al igual que similar
iniciativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), son en parte
sistemas de verificación y en parte de posicionamiento institucional, que no
compiten con las agencias de verificación.

Dijo que, tanto el JNE como la ONPE tienen básicamente la función de evidenciar
y visibilizar procesos deliberadamente dañinos para la democracia,
particularmente para la legitimidad de estos organismos que se generan a partir de
la desinformación.

Riorda expresó que, en el contexto peruano, cuando prácticamente no hay
partidos políticos sólidos que defiendan ni a la democracia ni mucho menos a las
instituciones electorales, dañar a estas es el último reducto para seguir
complicando más a la legitimidad del sistema democrático.

“Por eso digo que el último y gran reducto de la calidad, solidez y de la existencia
democrática acá en el Perú parecieran ser estas instituciones (JNE y ONPE)”,
enfatizó.

Refirió que las denuncias de fraude electoral no sustentados son una tendencia
internacional, cuyas manifestaciones más recientes se pudieron observar en
Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.

Sin embargo, señaló que la particularidad de la política peruana es que la
denuncia de esta especie de fraude, que él llama preventivo, es decir fraude por
las dudas, la hizo la izquierda en la primera vuelta y como le fue bien se calló, y la
derecha la hizo suya en la segunda vuelta.

“Todo el mundo proclamaba fraude y por eso la sensación de fraude
lamentablemente se ha instalado”, dijo y consideró que quienes propalan la idea
del fraude no son democráticos.

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Asimismo, explicó que la desinformación es generada por sectores de la industria
de la comunicación política, bien de modo oculto, sea legal o ilegal, con un
financiamiento poco claro, pero también por los principales actores de la política y
del periodismo.

Precisó que, de acuerdo con varios estudios, entre el 58 y 64% de los ciudadanos
se sienten afectados o víctimas del proceso de desinformación, pero que
comparten las informaciones, aun creyendo que son falsas. Quienes más
comparten son los adultos mayores y los sectores conservadores.