Organismos internacionales mostraron inquietud ante la resolución del Gobierno
«Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional», mencionó Amnistía Internacional (AI) en Twitter, junto con Human Rights Watch (HRW), tras conocer la resolución del Gobierno donde autoriza, por 30 días, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para controlar la seguridad en Lima y Callao.
Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional.
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) November 2, 2021
Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, expresó que «los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público». A su vez, el abogado chileno y defensor de derechos humanos complementó lo siguiente en sus redes sociales: «Me preocupa la resolución suprema 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país”.
Perú: Me preocupa la resolución suprema 191 del Pdte. @PedroCastilloTe sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país.
Los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público.
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) November 2, 2021
Mediante esta norma el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo al cuerpo policial para «asegurar el control y el mantenimiento del orden interno» ante el incremento de la delincuencia organizada en Lima y el Callao. En el documento, donde Castillo y los ministros de Defensa y del Interior firmaron, se sostiene que organizaciones delictivas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y sobrepasaron la capacidad operativa de la Policía.
La acción de los militares se dirige para contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales. A las críticas de organizaciones internacionales como AI y HRW se sumaron otras provenientes de algunos sectores de la oposición política.
