Sacan de archivo ley de publicidad estatal observada en por Francisco Sagasti en su gobierno
El congreso decidió retirar de los archivos la propuesta legislativa presentada por Alianza para el Progreso en el 2019 para regular la publicidad estatal, pese a que en ese tiempo diversas entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad expresaron su molestia por tal legislatura que pretendía afectar la libertad de expresión.
Mediante un acuerdo fijado en agosto por Maricarmen Alva y el Consejo Directivo, los proyectos de ley pendientes de trámite al concluir el proceso parlamentario 2016-2021, cualquiera que fuese su estado procesal, serían archivados.
Sin embargo, se dispuso también una excepción destinada a las iniciativas legislativas observadas por el Presidente de la República, que terminarán siendo vistas dentro de las comisiones ordinarias respectivas con el fin de “cumplir lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República”.
Por tanto, el texto desarchivado oficialmente el 13 de octubre que busca regular la publicidad estatal será evaluado dentro de la actual Comisión de Transportes y comunicaciones, presidida justamente por el congresista Alejandro Soto Reyes de APP.
Como se sabe, esta propuesta aprobada por el pleno en 1º de Julio buscaba que las entidades del estado que contraten con privados tendrán que darles prioridad a los medios de distritos y provincias y regiones con una programación local no menor de un 50%. De igual forma establece que justifiquen de manera técnica la selección de sus medios de difusión a contratar bajo los criterios de público objetivo, cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo, impacto de la campaña, precio, localidad de los medios y vigencia de autorización del Ministerio de Transportes para los que corresponda.
Ante esta información presentada el consejo de la Prensa Peruana expresó su preocupación ante una medida que consideran podría afectar a la ciudadanía en cuanto al acceso a la información, también indicó que existen aspectos de la normativa que deberían ser evaluados, los cuales no habrían sido tomados en cuenta por la Comisión de Trasportes y Comunicaciones de ese entonces.
“De promulgarse, se vulnerarán los derechos de información de miles de peruanos que no podrán acceder a información relevante emitida por el Estado”, indicó la entidad.
