Polémica Revelación: El Geolocalizador ‘Perdido’ del Ministerio del Interior
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ha generado controversia al denunciar la supuesta desaparición de un geolocalizador perteneciente a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Sin embargo, un reportaje del programa ‘Cuarto Poder’ ha revelado que el equipo nunca estuvo extraviado y se encuentra resguardado bajo estricta vigilancia en instalaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).
En respuesta a las acusaciones iniciales, el Ministerio del Interior emitió un comunicado desacreditando la veracidad de los documentos presentados por el programa televisivo, argumentando que no son oficiales y fueron elaborados por un agente al dejar su cargo. Además, anunciaron que solicitarán una verificación del lugar real donde se encuentra el geolocalizador, así como la validación de sus características técnicas y su registro en el margen de bienes.
En relación con la adquisición del equipo, Santiváñez también ha señalado presuntas irregularidades, incluyendo la falta de un expediente de contratación adecuado, la ausencia de estudios de valor referencial de mercado, y la omisión en el plan anual de contrataciones.
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El geolocalizador en cuestión, conocido como «Septier», fue adquirido en 2019 por un monto significativo de 1 millón 270 mil soles, destinado a operaciones de interceptación y geolocalización telefónica dentro de la Diviac. A pesar de las preocupaciones iniciales expresadas por Santiváñez sobre su desaparición, investigaciones posteriores han confirmado su ubicación en las instalaciones específicas del Departamento de Inteligencia de la Diviac, situadas en la Avenida Pedro Venturo 403, Surco, con medidas de seguridad rigurosas, incluyendo cámaras de vigilancia.
El abogado Miguel Pérez Arroyo, representante legal del Coronel PNP Harvey Colchado, ha rechazado las acusaciones de uso indebido del geolocalizador para actividades ilegales de interceptación, insistiendo en que su función estaba limitada a operaciones legales de seguimiento judicial.
Esta situación ha puesto en entredicho la gestión interna de la Diviac y del Ministerio del Interior, así como la administración de recursos destinados a la inteligencia policial en el país. Ante estos hechos, la Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría exhaustiva para evaluar el manejo de estos recursos y esclarecer las posibles irregularidades detectadas.
