Polémica en el Parlamento Cambios en Reforma Constitucional Dividen a las Bancadas: ¿Quiénes Podrán Postular?
La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Martha Moyano, ha generado controversia al realizar modificaciones significativas al dictamen que buscaba impedir que personas con condenas por homicidio, secuestro y otros delitos accedieran a cargos de elección popular. Estos cambios han entrampado la votación de la reforma constitucional, generando un intenso debate en el pleno del Parlamento.
Después de dos horas y media de discusión, el pleno del Parlamento aprobó una segunda cuestión previa para devolver el texto al grupo de trabajo. De haber sido aprobado el dictamen original, se habría impedido, entre otras cosas, la eventual postulación de Antauro Humala, condenado por diversos delitos relacionados con la toma de la comisaría de Andahuaylas en 2005.
Moyano, quien había mantenido congelado el dictamen durante seis meses, presentó un texto sustitutorio ante el hemiciclo, donde especificaba que solo los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín serían excluidos de las elecciones, hasta 10 años después de su rehabilitación.
En este nuevo texto, Moyano eliminó los delitos de violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro, lo que permitiría la participación de personas con condenas por estos delitos en las elecciones. Además, propuso eliminar ciertos párrafos de la Constitución que restringen a los condenados por delitos dolosos a postularse o formar parte de la administración pública, aunque retrocedió en esta medida debido a las críticas recibidas.
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El presidente del Congreso, Alejandro Soto, responsabilizó a Moyano por la demora en la discusión de la reforma constitucional. Sin embargo, el respaldo al nuevo texto sustitutorio vino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.
Los defensores del texto argumentaron que recoge los principios fundamentales de la sociedad y que las restricciones se limitan a delitos que atentan contra el orden democrático. También se destacó que la propuesta aborda el problema de los condenados por terrorismo, aunque algunos sugirieron extender la restricción para ellos a 20 años en lugar de 10.
El debate reflejó las diferencias ideológicas y de enfoque sobre cómo abordar las restricciones a la participación política de personas con antecedentes penales.
