La Procuraduría del Ministerio Publico reclamó la sentencia de habeas corpus que el juez de Tarapoto César Méndez aceptó el pasado jueves. Esta decisión frenó la investigación a Miguel Arévalo Ramírez alias “Eteco” a los presuntos delitos de tráfico de drogas y ayuda al terrorismo.

En el hábeas corpus del juez Méndez, se nota favorecimiento hacia Arévalo, debido a que señalo al sospechoso como un persona ya investigada, por lo tanto una nueva indagación no servía.

El procurador Carrizales dejó en claro que los nuevos hechos que averigua ahora es por el crimen de colaboración al terrorismo.

Alfonso Carrizales, procurador, establece en las 86 paginas del documento que Méndez “constituye un pronunciamiento excesivo en las competencias del juez constitucional y cuyos efectos va a traer consecuencias funestas en la administración de justicia”.

“Ha anulado toda la investigación fiscal por tráfico ilícito de drogas en beneficio del investigado (Arévalo) saliendo libre así de toda imputación penal no por lo decidido en la justicia ordinaria penal, sino por la vía constitucional no habiendo razones o condiciones constitucionales para ello”, precisó el procurador.

Si bien el despacho del juez Méndez tendrá esta apelación, está deberá ser elevada la sala superior de la región San Martín.

Además el coronel PNP de DIRANDRO Walter Lozano presentó su apelación, pues trabaja en conjunto con la Fiscalía.

Los hechos dicen la historia

El Ministerio Publico presentó la apelación que hace referencia a los elementos contados por la Dirección Antidrogas (DIRANDRO).

En el primero crimen señalaron, “Es necesario precisar que la persona de Miguel Arévalo Ramírez (a) ‘Eteco’ ha sido mencionado por los testigos –con identidad protegida y colaboradores eficaces–, lo que implica una línea de investigación por el presunto ilícito penal de tráfico ilícito de drogas”.

El segundo elemento puntualizado en la apelación es la directa relación de “Eteco” siendo la cabeza de la organización.

“…durante el periodo de 1990 hasta 1993, le habría entregado a la referida organización terrorista (Sendero Luminoso-Comité Regional del Huallaga) fusiles de guerra como FAL y R15, así como municiones para armas largas y cortas…”.

Agregando a este segundo elemento, las fuerzas del orden durante años destruyeron las clandestinas pistas de aterrizaje que se encontraban en la jurisdicción de la provincia de Tocache; Cañuto y Chayacu están entre las pistas del departamento de San Martín.

Un testigo en reserva es referenciado en la apelación e indica a los terroristas del Huallaga con la ayuda de los narcos del momento, así se enfrentaban contra las fuerzas del orden.

El documento detalla, “Con relación a la colaboración con el terrorismo, se tiene lo señalado por el TR 48-2019, quien precisa que el camarada ‘Artemio’ se reunía con diferentes personas que aportaban dinero, entre los cuales se hallaban los jefes de las firmas de narcotráfico (a) ‘Chuller’ de Aguaytía, (a) ‘Bigote’, (a) ‘Eteco’ y otros, quienes pagaban por cada vuelo…”

Los mismos narcotraficantes o sus hombres de confianza sacaban 5 toneladas casi diariamente.

Entregando el dinero a la organización terrorista Sendero Luminoso, como armamento de largo alcance con municiones para su lucha armada; todo eso dice en el documento.

Los hechos expuestos en el documento no pueden ser indagados por la prohibición del juez Méndez.

Resolución presentada

• Walter Lozano, el oficial que presentó su apelación, lo hizo de manera personal; por lo tanto, la teoría aquí es que al parecer la Procuraduría del Ministerio de Interior no está interesada en respaldar al agente de la PNP.
• Por otro lado, la OCMA abrió una investigación al juez Méndez, pero esta la ejecutará un juez del mismo distrito judicial; pregunta – ¿este caso no debe ser visto por una persona que no es de la región San Martín?