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Contraloría recomienda acciones penales por irregularidades en designaciones del gobierno regional de Cusco

La Contraloría General de la República recomienda acciones penales contra el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, y 17 personas más, entre funcionarios y ex funcionarios, por presuntas irregularidades en sus designaciones a cargos de confianza. El informe N° 042-2024-2-5337 de la Contraloría señala que estos funcionarios designados en los primeros cinco meses del año 2023 no cumplían con los requisitos legales necesarios para sus cargos, además de revelar inconsistencias en diversas documentaciones.

Según el informe, los funcionarios y directivos de confianza de los órganos de apoyo, asesoramiento, línea y desconcentrados no reunieron los requisitos mínimos establecidos por la Ley N° 31419, que garantiza la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.

En respuesta, el gobernador regional Werner Salcedo cuestionó los hallazgos de la Contraloría, sugiriendo que las presuntas irregularidades podrían deberse a confusiones en el registro de documentos en las plataformas correspondientes. «Este informe no tiene la contundencia y solvencia que requiere como para poder cuestionarnos», afirmó Salcedo, quien anunció una reevaluación de los informes de los funcionarios implicados tras una reunión con el contralor y su equipo técnico.

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El informe destaca el caso de Armando Yucra, ex funcionario designado como gerente regional el 2 de enero del 2023, día no laborable, con un salario mensual de S/. 11,500 soles. La Contraloría encontró que Yucra no había acreditado la experiencia específica para el cargo cuando posteriormente fue designado gerente regional de Recursos Naturales, además de hallar inconsistencias en el orden cronológico de los documentos presentados.

Los funcionarios y directivos designados generaron remuneraciones por un total de S/ 371,037 soles de enero a mayo, según la Contraloría.

El informe de la Contraloría ha sido remitido al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales penales correspondientes por las irregularidades identificadas.

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