El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) ya puede ser extraditado a Perú para responder ante la justicia por las acusaciones de corrupción en su contra por el caso Odebrecht, donde, según la fiscalía, el exjefe del gobierno recibió aproximadamente 35 millones de dólares de la constructora a cambio de favorecer a la empresa brasileña otorgando la construcción de la carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil y entre otros negocios en el país.
Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.
El magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, escribió en su resolución de 30 páginas, que «El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal, siendo estas suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”.
La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrara la vista de extradición, en la que la defensa del exmandatario pidió que se desestimara el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana.
El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Alejandro Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.
Fue detenido en 2019 en California, donde residía junto con su esposa, la belga Eliane Karp. A Toledo lo acusa también de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del Estado peruano. Estuvo siete meses en prisión en Estados Unidos, pero fue enviado a arresto domiciliario en marzo de 2020 por la pandemia mientras era analizado el pedido de extradición que Perú presentó en diciembre de 2019.
El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.
