La Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al exjuez César Hinostroza, al suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, y los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.
En el caso de Hinostroza fueron 16 votos a favor, cero en contra dos abstenciones, acusándolo en su condición de exjuez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.
Mientras que por el caso de Tomás Gálvez, la votación fue de 15 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, entre otros.
En tanto, se aprobó acusar a Julio Gutiérrez por 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico.
Por último, Orlando Velásquez fue acusado constitucionalmente por 21 votos a favor, cero en contra y una abstención, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo.
En la sesión, César Hinostroza tuvo el derecho a la defensa y afirmó que el informe final fue «deficientemente» elaborado por el congresista ponente, Gino Costa, ello porque adopta todo lo que dice el Ministerio Público y no se hizo ningún tipo de investigación.
De igual modo, consideró que en la Comisión Permanente se vota «por intereses políticos» y no se estudian los hechos desde el punto de vista jurídico.
En otro momento, Hinostroza, precisó que era falso que hayan dicho que se fugó del país, pues cuando él viajó hacia España, «no tenía ninguna acusación e investigación abierta en su contra». Además, se consideró como «un perseguido político».
Por otro lado, la Comisión Permanente también aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 322 y 365, acusando de antejuicio político al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por ser presunto autor de los delitos de encubrimiento personal y real y otros por el irregular deslacrado de las oficinas de la Fiscalía.
En este caso, con 15 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones se concluyó acusar a Chávarry por juicio político y se imponga inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, en el Pleno del Congreso se debe ratificar el procedimiento.
Además, por 19 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, aprobó el informe final de la denuncia constitucional 372 acusando por antejuicio político al excontralor Édgar Alarcón por presunto peculado doloso.
La denuncia, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se dio a raíz de un informe de auditoría que lo responsabilizaba de la emisión de recibos por honorarios en perjuicio del Estado.
Antes de ver su caso, la titular de la Comisión Permanente determinó que su inasistencia fue declarada injustificada.
