Ex mandatario Martín Vizcarra anunció este lunes que ha presentado la apelación al fallo del Poder Judicial, que declaró como “improcedente” la demanda de amparo contra el congreso de la República que decidió inhabilitarlo por 10 años de un cargo público el pasado 16 de abril por el caso VacunaGate.
El ex candidato señaló que esa decisión no solo estaría afectando sus derechos, sino también, a los derechos de 208 mil peruanos quienes lo eligieron para representarlos en el Parlamento, así lo declaró en uno de sus tweet en su red social.
“Hoy he presentado la apelación en contra de la arbitraria resolución emitida por el Poder Judicial. Esto no solo afecta mis derechos sino también los derechos de 208 mil peruanos quienes me eligieron para representarlos en el Parlamento. Por ello, la pelearé hasta el final”, escribió en Twitter.
La resolución dada por la Jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, perteneciente al sexto Juzgado Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declara que no es adecuada la demanda de amparo formulada por Vizcarra Cornejo contra el parlamento.
La magistrada evaluó que lo que buscaba este recurso, es que la justicia constitucional reemplace al órgano parlamentario, en una decisión tomada sobre un acto políticamente reprochable, siendo este, inapropiadamente basado en el juicio político por su misma naturaleza.
Por otro lado, en un video publicado recientemente en su facebook, Martín Vizcarra indicó que, “terceras personas” le pidieron medio millón de dólares para ofrecerle, una resolución favorable, en el Poder Judicial ante el recurso interpuesto por su defensa para anular su inhabilitación política por 10 años en el congreso.
Sin embargo, Vizcarra no presentó prueba alguna de su denuncia. Señaló que la justicia «no tiene precio» y que seguirá en la lucha de sus derechos.
Pese a haber sido elegido con la mayor votación, Martín Vizcarra no podrá ser electo como congresista por estar inhabilitado del cargo.
Se recuerda que el parlamento indicó su inhabilitación por 10 años al ex presidente el pasado 16 de abril en base a un informe que elaboró la subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se consideró que le correspondía 10 años de sanción como consecuencia del juicio político por presuntos actos irregulares al haber pedido y recibido las dos dosis de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus
