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Martín Vizcarra: Recomiendan su inhabilitación en la función pública por 10 años

La Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo dirigido por Edgar Alarcón, recomendó inhabilitar de la función pública por diez años al expresidente Martín Vizcarra al considerársele como uno de los responsables de las contrataciones de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Se hace mención en el proyecto de informe final que “estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y exjefe Martín Vizcarra, y sus miembros –servidores, asesores y autoridades en diversas entidades del Estado- para contratar a personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado”.

Esto al considerar, dentro del informe, los diversos audios presentados ante el Pleno el 10 de septiembre, en donde se pondrían en evidencia acciones de encubrimiento real conducente a la obstrucción de la justicia, ya que en una de las mencionadas grabaciones se podría escuchar al expresidente Vizcarra indicando a su secretaria como debía declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Las conclusiones del informe final agregan que el expresidente habría cometido los delitos de omisión, obstrucción a la justicia, colusión agravada, y tráfico de influencias.

En el informe final de la Comisión se recomienda “acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Alberto Vizcarra Cornejo, conforme al artículo 89º del Reglamento de Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución, por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función como se detalló en párrafos precedentes, así como por liderar una organización criminal, conforme a la Ley que regula y tipifica ese caso, en consecuencia corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años”.

Además, se sugiere acusar a los exministros de Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación y Defensa que desempeñaron los cargos entre los años 2018 y 2020 por supuestamente haber contratado durante sus gestiones a diversos personajes del entorno del expresidente Martín Vizcarra.

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