Congreso: Fiscalía de la Nación presenta dos denuncias constitucionales contra el parlamentario Édgar Alarcón

Édgar Alarcón es acusado por siete delitos de presunta corrupción.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Édgar Alarcón durante su rol como contralor general de la República durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Ayer fue presentada las dos denuncias constitucionales contra el legislador de Unión Por el Perú. Una de ellas presenta la acusación por el presunto delito de peculado doloso y la otra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ambas están relacionadas durante su gestión como Contralor General de la República durante junio de 2016 y julio de 2017, hasta que fue destituido por el Congreso por hipotéticas irregularidades.

Acusación

Detrás de la denuncia contra Édgar Alarcón, el Ministerio Público le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377, 24 entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio de 2017, tiempo que ejerció como contralor general del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por ende, especifica que el delito concierne una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años, además de inhabilitarlo para ejercer política.

Respecto a la denuncia por peculado doloso, se le imputa a Alarcón de realizar una serie de supuestos servicios al interior de la Contraloría durante su tiempo de gestión en la institución. Tras la premisa, a la denuncia constitucional le corresponde iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político contra el legislador.

Recordemos que en noviembre de 2019, Zoraida Ávalos denunció por el presunto delito de cohecho pasivo (soborno) en el caso de Los Temerarios del Crimen. Adicional a ello, la fiscal Zoila Sueno ha pedido 12 años de prisión en su contra por colusión agravada y peculado doloso.

Las denuncias constitucionales serán presentadas ante la Subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, presidida por el congresista Luis Roel, de la bancada de Acción Popular, donde calificarán si la denuncia es admitida a debate en el Pleno, donde se observará si es factible una sanción política contra el actual congresista.

La vacancia de Alarcón en 2017

Edgar Alarcón, quien preside la Comisión de Fiscalización, fue elegido como parlamentario a través del partido Unión Por el Perú por la región Arequipa. Actualmente tiene siete procesos de investigación por casos ligados a actos de corrupción, luego de ser destituido de la Contraloría.

En 2017, la subcomisión del Congreso, quien en ese entonces era presidida por el congresista Marco Arana, emitió un informe recomendando la salida de Alarcón. Es así que, el 3 de julio de 2017, la Comisión Permanente votó a favor del documento con 22 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.

Los motivos que se le imputaron a Edgar Arnold Alarcón Tejada es por incumplir la Ley de Contraloría, el cual le impedía tener actividades lucrativas. Esta fue no haber declarado la compra de 90 automóviles para un negocio de compraventa que maneja junto a sus hijos.

Asimismo, por la liquidación desmesurada aplicada a la tesorera de la Contraloría, Marcela Mejía, quien al dejar su cargo en 2010, se le remuneró S/ 127 mil. Además, se le depositó otros S/ 100 mil por conceptos de viáticos, cuando su sueldo no superaba los S/ 4 mil.

Entre 2013 y 2015, Alarcón le compró una camioneta a Juan Carlos Capcha, un proveedor de la Contraloría, lo cual se encuentra prohibido por considerarse una falta ética a la institución.

A esto se le suma los audios publicado por un medio local, el 28 de mayo de 2017, donde se escucha a Alarcón sugerir al auditor de la Contraloría, Walter Grados, que retire la denuncia que hizo en su contra ante el Congreso por la compra de vehículos.

El domingo 4 de junio de 2017, otro medio local hizo público un audio de una conversación mantenida entre el entonces ministro de economía Alfredo Thorne y el excontralor Edgar Alarcón, el cual presume una amenaza contra el actual congresista para no destinarle dinero en caso que el informe sobre el aeropuerto de Chinchero se convertía en un obstáculo para realizar la obra.

Vínculo con Vizcarra

El domingo 25 de junio de 2017, un audio demostraba una conversación mantenida por Alarcón con el exprimer ministro Fernando Zavala; el ministro de Economía, Alfredo Thorne; y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, actualmente presidente de la República, Martín Vizcarra. En aquella conversación se escucha coordinar sobre distintos proyectos de inversión, donde una de ellas detallaba sobre el aeropuerto de Chinchero.

Sin embargo, en ese entonces, distintos parlamentarios de oposición mencionaron que el audio no es tan grave como el expuesto el 4 de junio del mismo año.

Martín Vizcarra: La ley que vulnera el cuñado del presidente tras contratar con el Estado

Fredy Herrera Begazo, cuñado del presidente de la República, Martín Vizcarra, prestó servicios entre 2015 y 2019 al Ministerio de Agricultura y Riego, cobrando más de S/ 320 mil desde el 28 de julio de 2016.

El ingeniero Fredy Herrera Begazo, esposo de Doris Vizcarra, hermana del mandatario presidencial, siguió contratando con el Estado hasta marzo de 2019 tras prestar servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri),a pesar de estar impedido desde el 28 de julio de 2016 por la Ley de Contrataciones, ya que en ese entonces, el actual mandatario Martín Vizcarra, había jurado como vicepresidente de la República.

El delito

El Art. 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, es precisada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), indica que “aquellas personas que cumplan una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia”.

Más específico. Los familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).

Respecto al caso de Herrera, en noviembre de 2016, recibió S/ 36 por prestar servicios en prevención de conflictos en la zona del río Tambo. Otros S/ 20 mil en 2017 por un contrato similar.

Además, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2017 recibió S/ 100 mil; en 2018 recibió S/ 110 mil; y en 2019 recibió S/ 80 mil, que dan una suma de S/ 290 mil en los últimos tres años.

Asimismo, la suma de los S/ 290 mil en los últimos años de contratación más los S/ 36 por facturar sobre la prestación de servicios en río Tambo, dan un total de S/ 326 mil soles que adquirió mientras Martín Vizcarra era Ministro de Transportes y Comunicaciones (hasta 2017) y vicepresidente de la República (hasta 2018, donde asumió el cargo de Presidente por vacancia a Pedro Pablo Kuczynski).

Sanciones

Según el OSCE, se establecerá la responsabilidad de los contratistas, iniciando un procedimiento administrativo para que se le imponga la sanción correspondiente; sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda por falsa declaración jurada. Además, se informará a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la institución de la que depende el servidor público.

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